En este Día
de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, queremos recordar que el proyecto
nacional y popular además del ejercicio del poder que le otorga el voto popular
para conducir el Estado y, por lo tanto, el destino de los argentinos, también
se ha convertido en un espacio de reflexión, debate y acción.
La
Presidencia del compañero Néstor Kirchner asumió el compromiso de convertir en
una política de Estado la defensa de los Derechos Humanos y, en consecuencia,
cimentó los pilares para que los responsables de la última dictadura
cívico-militar fueran juzgados por los delitos de lesa humanidad.
Con el
respaldo de organismos de derechos humanos, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo,
HIJOS, organizaciones políticas, y una gran parte del pueblo argentino,
Cristina Fernández también tomó decisiones que consolidaron la tendencia de
Memoria, Verdad y Justicia.
El
Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Duhalde, señaló que "esta política se ha llevado a cabo en la Argentina mediante rigurosos respetos
al imperio de la ley a través de sus jueces naturales, sin tribunales
internacionales ni especiales, con la aplicación del Código Penal que rige para
todos los ciudadanos argentinos y con procesos orales y públicos con todas las
garantías del debido proceso legal". Cabe mencionar que a diciembre de 2011,
cuando se hizo el último relevamiento de la Unidad Fiscal, existían en el país
267 condenados por delitos de lesa humanidad. Este ejemplo de lucha contra la
impunidad ha cundido en varios países de América Latina y el mundo.
En nuestra provincia se han impulsado los juicios contra el terrorismo de
Estado, y en el año 2010 el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa dictó sentencia
condenando a nueve represores entre militares y policías, de la denominada
Subzona 14. Así el pueblo de La Pampa supo que nuestra Provincia no fue una
isla, que aquí como en el resto del país se secuestró, se torturó y se violaron
los derechos fundamentales de cientos de pampeanos.
Estos
juicios tienen un protagonista principal, los testigos, que con sus testimonios
que los hacen revivir dolorosamente lo sufrido como víctimas, han logrado que
la Justicia pueda tipificar los delitos por lo que son condenados los represores.
Uno de los
máximos responsables de estos crímenes, el entonces Mayor Baraldini ―que estaba
prófugo de la Justicia― fue recientemente detenido y expulsado de Bolivia. Hoy
Baraldini se encuentra encarcelado y tendrá que responder ante la Justicia. Además
en estos días se lleva adelante la Causa 615/10 ―que se encuentra en su etapa
de investigación judicial―, donde están imputados más de treinta militares,
policías y médicos por delitos de lesa humanidad.
El desafío de aquí en adelante es doble: por una
parte, hay que agilizar los juicios para que a los responsables del genocidio,
la destrucción y el saqueo ―sean éstos integrantes del Poder Judicial, civiles,
funcionarios de la dictadura con responsabilidades en estos crímenes, o los que
incurriendo en delitos de lesa humanidad se beneficiaron económicamente durante
el terrorismo de Estado― se los juzgue. Y por otra parte, hay que seguir
avanzando en la profundización del modelo con una política económica y social
orientada a la inclusión y la justicia social, que alcance a la mayoría de los
argentinos en el acceso a la salud, el trabajo, la educación y la vivienda.
Aquí, en
este Monumento del Paseo de la Memoria, están inscriptos los nombres de
aquellos pampeanos que fueran asesinados y desaparecidos por el terrorismo de
Estado. Hoy estamos rindiéndoles el homenaje que se merecen a todos aquellos
que enfrentaron las dictaduras y lucharon por una sociedad más justa, libre y
digna.
El proyecto
nacional y popular en marcha desde 2003, que hoy conduce la Presidenta de la
Nación, Cristina Fernández, es la mejor garantía para proseguir el camino de
memoria, verdad, y justicia; a la vez que construir una Patria para todos.
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